Ordes, Valga y Padrón: principales beneficiarios en la comarca del fin de la bonificación del IBI para la autopista AP-9

El fin de la bonificación del 95 por ciento en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de los responsables de la autopista AP-9 (que está gestionada por Audasa) supondrá una inyección de fondos que permitirá a los nueve municipios de la comarca compostelana por los que discurre esta vía de tráfico terrestre embolsarse en torno a 2,3 millones de euros. En concreto, ayuntamientos como Ordes o Valga recibirán más de 400.000 € cuando antes apenas rondaban los 22.000 euros por tal concepto.

La lista quedaría de esta forma.  Ames pasará de recibir 810 euros al año por el IBI que abona la AP-9 a contar con 16.217 euros; Ordes va a sumar 453.322 € en lugar de los 22.666 que ingresaba por tal concepto; Oroso disparará sus presupuestos en 264.116 euros, en lugar de los escasos 13.205 que le abonaban hasta la fecha: Padrón se hará con 366.828 euros frente a los 18.341 que recibía hasta ahora; y Teo pasará de 13.437 a 268.750 €. En total, 1,3 millones.

Ya en los municipios de Pontevedra, Caldas de Reis recibirá 335.000 euros, pese a que hasta ahora la cifra se quedaba en unos 16.700; Pontecesures incrementa la cuota del IBI de la AP-9 hasta los 71.000 euros, cuando antes contaba con unos 3.500; Portas disparará el recibo de 7.700 euros a 154.500; y Valga pasa de 21.700 euros a 435.000, también por el mismo concepto. La suma de las cantidades se eleva a 995.000 euros. 

Los 38 concellos por los que discurre la AP-9 podrán cobrar ya a Audasa la totalidad del IBI

Se trata de uno de los principales efectos del Real Decreto 173/2000 que, en su cláusula 20, estableció que esa bonificación del 95% de la tasa caducaría el 19 de agosto de 2023, también en Galicia. Y fueron los profesionales del bufete madrileño Gonzalo Abogados los que sentaron las bases, tras reclamar en 2017 (sin éxito) el cese de tal prebenda ante la Comisión Europea, tras el encargo de municipios como Abegondo, Betanzos, Ferrol y Miño. Ahora no sería tan siquiera preciso recurrir al asesoramiento legal, ya que basta con que cada administración local por la que discurra la autopista remita recibos incorporando la nueva cantidad, del 100% del IBI, algo de lo que se debería encargar la correspondiente diputación, en el caso de tener delegada tal competencia. Por ahora, la gestión de esos nuevos ingresos parece ir viento en popa.

Dos diputaciones

Así, la Diputación de A Coruña anunciaba a principios de año, en boca el diputado responsable del área de Facenda, José Ramón Rioboo, que el Área de Xestión Tributaria tenía previsto liquidar en 2024 la totalidad del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a Audasa en los 18 municipios por los que discurre la autopista AP-9 y que tienen delegada la gestión y cobro de sus impuestos en la institución provincial. 

Esta medida supone que, frente a los 175.000 € que se esperaban recaudar por IBI, pasarán a unos 3,7 millones. Según Rioboo, la Institución coruñesa ya había contemplado “liquidar este ano o 100% do IBI a Audasa nos concellos polos que pasa a AP-9 e que teñen delegada a xestión do imposto na Deputación, que son todos a excepción das cidades da Coruña e Ferrol, e incluíndo tamén ao Concello de Abegondo”, municipio este último que se situó como punta de lanza de la reivindicación.

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A su vez, en la Diputación de Pontevedra era su presidente Luis López el que confirmaba esta modificación tributaria, aportando que los concellos del sur de la comarca pasarán “de 118.000 euros a ingresar 2 millóns de euros que reverterán nas súas arcas públicas, e poderán ser empregados para sufragar mellores servizos para os veciños”, aportaba.

Agradecimiento a Santiso

La repercusión de este subidón en la cuota del IBI que se cobra a Audasa ya está teniendo repercusión en la elaboración de los presupuestos municipales. Y un ejemplo está en los de Oroso, confirmando su regidor, el popular Alex Doval, que sumarán 264.000 € más por ello. 

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Asimismo, Doval ha querido romper lanza a favor del mandatario local de Abegondo, Jose Antonio Santiso Miramontes, ya que “foi o que fixo posible coas suas xestións a fin da bonificación da autopista e o aumento da recadación dos concellos”, confirmaba. Precisamente, fue Santiso quien, el pasado 23 de enero, movilizaba a una veintena de representantes municipales en una reunión planteada para reclamar a la concesionaria de la autopista AP-9 –como antes hicieran en Castilla León– el pago anual del 100 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo posible gracias a la exención del 95 % que incluyó una ley de 1972 que, a su juicio, ya no se aplica. 

El Ayuntamiento de Abegondo confirmaba entonces la asistencia de munícipes de A Coruña, Culleredo, Cambre, Bergondo, Betanzos, Paderne, Cabanas, Ferrol, Oleiros, Mesía, Ordes, Oroso, Santiago, Teo, Padrón, Valga, Caldas, Mos y, por supuesto, del anfitrión.

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