Siete años después
Por Rocío Lizcano
En otoño de 2006 el Congreso aprobaba la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. "Ningún español estará solo", proclamaba en aquella sesión un exultante Jesús Caldera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno Zapatero, seguro de la trascendencia del paso dado.
El texto, que entró en vigor en enero de 2007, introducía una revolución de calado al reconocer el derecho a apoyos para las personas con limitaciones en su autonomía personal y visibilizar los casos de desprotección que miles de hogares (cerca de tres millones, según cifró el libro blanco sobre la dependencia en España) habían afrontado en solitario hasta la fecha.
Siete años después, el sistema diseñado entonces camina debilitado y deja tras de sí un rastro de desilusiones. Aunque el despegue de la ley nunca estuvo a la altura de las expectativas creadas, han sido las medidas de control del gasto público asociadas a esta crisis las más drásticas se decretaron en el verano de 2012 las que han acabado por acorralar el modelo de atención a la dependencia, bien por la vía del aplazamiento de derechos las dependencias de grado I, para las que el texto inicial aseguraba cobertura desde 2011-12 han visto retrasada su entrada al sistema en dos ocasiones, la última hasta julio de 2015, bien por el recorte de fondos, el endurecimiento del baremo, el incremento del copago o la dilatación de los trámites.
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